Las cuatro semanas de permiso parental retribuido, la subida salarial de los funcionarios o la revisión del IPREM son algunas de las políticas pendientes de la presentación de unos presupuestos para 2025, unas cuentas que el Ejecutivo defiende que no son imprescindibles para incrementar el gasto en defensa.

Aunque el Gobierno no ha cerrado la puerta a presentar unos presupuestos para este año, los plazos apuran para una norma de la que dependen temas que, en algunos casos, el Gobierno puede ir solventando con ampliaciones de crédito o decretos ley pero que en otros quedarían pendientes para unas próximas cuentas, según recoge EFE.

Es el caso del permiso parental retribuido, una obligación europea que España lleva incumpliendo desde agosto del año pasado, y que el Gobierno de coalición se había emplazado a abordar en la negociación de presupuestaria. La directiva de conciliación europea aprobada en 2019 recoge el derecho de cada trabajador a un permiso parental de cuatro meses antes de que el hijo cumpla 8 años. Para terminar de cumplir con esa obligación, el acuerdo de Gobierno PSOE-Sumar incluyó el compromiso de retribuir 4 de las 8 semanas del permiso parental, un asunto en el aire sin cuentas para este año.

Otro de los aspectos que el Gobierno vincula a contar con unos presupuestos para este año es la subida salarial de los empleados públicos, concretamente el 0,5% pendiente de 2024, como ha defendido recientemente el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, algo que los sindicatos niegan y urgen aprobar vía decreto ley. Sin embargo, sí está previsto subir este año las retribuciones del Ejército y la Armada como parte del plan de defensa.

También sigue congelado el valor del IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples), clave para calcular el importe de ayudas públicas, subvenciones o para el subsidio de desempleo y que no varía desde 2023, cuando quedó fijado en 600 euros mensuales.

MÁS GASTO EN DEFENSA

Mientras estas políticas continúan a la espera de unos nuevos presupuestos, el Gobierno ha encontrado fórmulas para incrementar el gasto en defensa en 10.471,42 millones de euros este año y así alcanzar el 2% del PIB que había comprometido con sus socios.

Para financiar las inversiones, el 'Plan industrial y tecnológico para la seguridad y la defensa' presentado esta semana pretende aprovechar los ahorros generados gracias a la buena marcha de la economía, ya que el déficit cerró en 2024 mejor de lo previsto y esto suaviza el ajuste a realizar este año, explica EFE.

Además, reasignará parte de las inversiones del plan de recuperación hacia proyectos ligados a la defensa y reorientará algunas partidas presupuestarias que figuran en el presupuesto de 2023 (el actualmente vigente), lo que va desde aprovechar créditos que no tienen correspondencia en 2025 (por ejemplo, ya no es necesaria tanta liquidez para las administraciones territoriales) hasta recurrir al fondo de contingencia.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

La falta de un nuevo presupuesto para 2025 también ha dejado en el aire cuestiones como la actualización de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas, algo que tradicionalmente se hace en el presupuesto pero que podría abordarse por real decreto ley, como ya ocurrió en 2024.

Las entregas a cuenta actualmente vigentes son las de 2023 -la prórroga de las cifras de 2024 decayó en el Congreso-, por lo que si no se actualizan, las comunidades autónomas no solo no recibirían unas entregas a cuenta ajustadas a la situación económica de 2025, sino que percibirían casi 10.000 millones menos que el pasado año, según recuerda EFE.

A nivel más general, hay que tener en cuenta que los presupuestos vigentes son previos a la entrada en vigor de las nuevas reglas fiscales europeas, por lo que no están adaptados a estas, y, además, tampoco hay una senda de estabilidad aprobada.

Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como sus ministros siguen asegurando que van a intentar aprobar los presupuestos de 2025, pero, en caso de que renuncien finalmente a ello, su intención es lograr los apoyos necesarios para los de 2026, que en teoría deberían aprobarse antes del próximo 31 de diciembre.