El Gobierno estima que la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia generará un ahorro de 47 millones de euros para la Comunidad de Madrid en la próxima década.

Esta declaración se produjo tras la ausencia de Madrid, junto con otras comunidades del PP con competencias en justicia (Galicia, Andalucía, La Rioja, Cantabria, Valencia y Aragón), en la Conferencia Sectorial de la Administración de Justicia en Barcelona, liderada por el ministro Félix Bolaños.

Los consejeros de las siete comunidades del PP decidieron no participar en la reunión, alegando la ausencia de un orden del día con temas clave, como la financiación para implementar la nueva normativa, tildando la convocatoria de un mero acto protocolario.

En respuesta, el Gobierno argumenta que la implementación de la ley en Madrid solo requerirá una inversión inicial de 2,4 millones de euros, ya que no se prevén nuevas construcciones judiciales, sino adaptaciones a la estructura actual. La Comunidad de Madrid, sin embargo, calcula que la aplicación de la ley supondrá un coste de 40 millones de euros.

Respecto al ahorro proyectado, el Gobierno explica que los 47 millones de euros se derivan de la reducción en el coste de creación de nuevas plazas de juez, que disminuirá de 400.000 a 86.000 euros. Fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid expresaron su descontento por la ausencia de la Comunidad, señalando una falta de colaboración institucional. Acusaron al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de evadir reuniones importantes, romper lazos con el Gobierno de España, negarse a colaborar en políticas estatales y aislar a Madrid.