Ante el "problema enquistado" que arrastra el sector desde hace una década y las dificultades para cubrir los costes del servicio
La Federación Española de Distribuidores de Gases Licuados del Petróleo (Fedglp) se está planteando la suspensión indefinida del reparto domiciliario de bombonas de butano, ante el "problema enquistado" que arrastra el sector desde hace una década, y es el motivo por el que han convocado una asamblea extraordinaria en febrero.
En un comunicado remitido este martes después de la reunión de su comisión de gobierno, y publicado por EFE, la Federación avanza que planteará otras iniciativas como movilizaciones de camiones de reparto en Madrid, con dirección a la sede del Ministerio para la Transición Ecológica.
El pasado octubre, la Fedglp estableció un calendario de paros en el reparto domiciliario en toda España ante la "grave situación" de las agencias distribuidoras, a las que el ministerio y las principales empresas operadoras de gas butano -decía- "obligan" a repartir las bombonas "a pérdidas".
Ahora, la Federación avisa de las "acciones inmediatas" que abordará en su asamblea extraordinaria ante la "persistente falta de soluciones a un problema enquistado desde hace una década, y sin ningún avance desde noviembre tras el cierre del periodo de alegaciones al borrador de nueva orden ministerial".
En su opinión, el texto "reconocía íntegramente" los problemas del sector; sin embargo, proponía una actualización de "tan sólo 0,30 euros por botella para las agencias distribuidoras", una cantidad "completamente insuficiente" para cubrir los costes reales del servicio.
A tenor de sus análisis técnicos, la actualización necesaria sería, al menos, de 1,80 euros por bombona.
Ante este panorama, la distribución domiciliaria "no es sostenible", insiste la Fedglp, que recalca que este servicio "esencial y de carácter social no puede mantenerse en las actuales condiciones de precariedad económica que atraviesan las agencias".
"La suspensión del reparto domiciliario de bombonas reguladas representa una medida extrema pero necesaria ante la falta de respuesta efectiva del Gobierno", subraya la Federación, que lamenta "profundamente" el impacto que esta acción pudiera tener sobre los hogares afectados, recoge EFE.
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