El próximo 18 de febrero habrá elecciones autonómicas en Galicia y el presidente del Gobierno ha anunciado -en un mitin, claro- que el Ejecutivo invertirá 500 millones de euros en mejorar las competencias en matemáticas y en comprensión lectora de los escolares de cuarto de la ESO porque los resultados del último Informe Pisa son demoledores. La educación en España va de mal en peor, lo dicen expertos internacionales, no la oposición política.

Castilla y León, comunidad que tiene más razones para sentirse orgullosa de las que piensan sus propias gentes, refleja los mejores resultados del citado informe en toda España. Los alumnos de esta tierra han conseguido notas por encima de la media nacional en el conjunto de las materias auditadas. Mérito de los alumnos, de los maestros y de las familias, pero también de la administración educativa, que desde hace un montón de años ha puesto, además de medios, sensatez y lógica al sistema educativo.

El anuncio de Sánchez es incluir 500 millones de  euros en los presupuestos generales del Estado en cuatro años, es decir una cantidad ínfima a repartir entre todas las comunidades autónomas. Poco es mejor que nada, pero esta cantidad resulta insuficiente para cubrir las necesidades reales de la enseñanza a nivel nacional en materia de comprensión lectora y matemáticas. Lo más curioso del asunto es que las propuestas que contiene la brillante idea gubernamental ya se llevan a cabo en Castilla y León hace años, alguna de ellas hace muchos años.

El innovador plan del Ministerio de Educación se centra en promover el desdoblamiento de las aulas en horario lectivo para rebajar la ratio de alumnos por clase, también implica la incorporación de profesorado de refuerzo para que fuera del horario lectivo se pueda dar una atención específica a los alumnos con mayores dificultades en comprensión lectora  y en Matemáticas y, por último, el plan consiste en un plan de formación de los docentes.

Vivimos en un país con 17 sistemas educativos, sanitarios, económicos, etc. La gestión de los centros de enseñanza es competencia de las comunidades autónomas y el Estado sólo puede legislar y, en su caso, aportar dinero para que se puedan llevar a cabo los planes que proponga, algo que habitualmente hace de manera claramente exigua.

El último plan educativo aprobado por un Gobierno presidido por Pedro Sánchez, la conocida Ley Celáa (Lomloe) está resultando un nuevo fiasco tal y como anunciaron tantos expertos en el tema. Le genial ley presta una limitada importancia a las materias troncales y fundamentales, restando mérito al esfuerzo y dando alas a las interpretaciones históricas y sociales del momento.  Y para colmo, complicando más aún con burocracia el día a día del profesorado.

Los resultados de Castilla y León en los sucesivos informes Pisa son más que elocuentes, pero en el Ministerio de Educación miran hacia otro lado porque se trata de un gobierno de otra ideología. La estrechez de miras es patética. Lo lógico sería que si un sistema educativo funciona en un territorio, el Estado lo analizara con lupa para intentar llevarlo legislativamente al conjunto del país. Pero España es diferente, desde hace ni se sabe...

Si no hubiera elecciones a la vista, estoy convencido de que no existiría la promesa electoral de la que hablo. Así funcionan las cosas. La educación, como otros tantos asuntos vitales para cualquier sociedad que se precie, importa a ratos, principalmente cuando huele a urnas. En todo caso, que a la ministra de Educación, Pilar Alegría, no se le caigan los anillos por reconocer que una comunidad 'enemiga' hace razonablemente bien las cosas, incluso mejor que las que dirigen sus compañeros de partido o aliados de gobierno.