Todas las personas merecen el mismo respeto y consideración, sea cual fuere su condición individual (racial, sexual, religiosa, económica...). Así debería ser, aunque es obvio que esta aseveración no se cumple en numerosos lugares del mundo. Tampoco en España, pese a que en nuestro país lo llevamos, en este sentido, bastante mejor que en otros lugares del planeta.

La tolerancia continua siendo una asignatura pendiente en el ADN personal y colectivo español (prácticamente igual que en el resto de los países más desarrollados). Aquí la intolerancia, convertida en falta de respeto,  se detecta en lo político, lo territorial, lo religioso, en la identidad de género, en lo racial, en el origen de la cuna y, como no, en la posición económica. Ricos y pobres, de derechas e izquierdas, creyentes y agnósticos, heteros y LGBI, ignorantes y cultos, del Madrid o del Barça...

También es cierto que algunos congéneres consiguen que resulte poco menos que imposible mantener fe alguna en la humanidad. Un par de ejemplos: "Un hostelero violaba a su bebé y vendía las imágenes en internet", "un preso condenado por violación a una joven tramita su cambio de sexo y pide el traslado a una cárcel de mujeres". Lo primero no es ni siquiera comprensible. Lo segundo lo permite la ley.

En España es posible cambiar de género en el Registro Civil con tan sólo rellenar un impreso. Es una de las "mejoras" que aporta la polémica Ley Trans, aprobada en febrero de este año. La autodeterminación de género fue una de las apuestas de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que consiguió, primero, el visto bueno del Consejo de Ministros y, después, que una mayoría del Congreso aceptara que cualquier persona con más de 16 años tenga derecho a definirse sexualmente como considere oportuno. Sin informes médicos o decisiones judiciales de por medio, como ocurría anteriormente. Entre los usuarios de este derecho se están colando algunos listillos.

Me recuerda un amigo, médico funcionario de prisiones, que en lo que va de año se han registrado en todo el país casi veinte casos de "sospechos" cambios de sexo de agresores de mujeres con condenas de varios años. Son trasladados y alojados en las dependencias de las respectivas enfermerías, mientras el sistema encuentra el modo de acomodarlos sin que haya riesgo de nuevas agresiones sexuales. Y se pregunta mi colega -y yo- el por qué se permite esto. Me temo que la reinserción social queda muy lejos de la mente de estos individuos, por no hablar del coste económico que conlleva este trato diferencial.

La Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI, más conocida como Ley Trans, ha abierto la puerta -nunca mejor dicho- a los agresores sexuales para disfrutar del privilegio de ser trasladados a cárceles de mujeres, con la única condición de que se declaren oficialmente mujeres. Todo muy lógico y muy racional. Al salir de prisión pueden volver a autodeterminarse del género masculino.

Cuando una ley tiene agujeros, lo deseable sería taparlos con correcciones de la norma, aunque eso sea reconocer de facto que los ministros, diputados y técnicos que han participado en su elaboración y aprobación no han hecho bien su trabajo. El ego y el orgullo tendrían que pasar a un segundo plano. Pero no es así. Está ocurriendo lo mismo -peor aún- con otra ley de la misma ministra, la del 'sólo sí es sí', que está beneficiendo a cientos de agresores sexuales de mujeres. No se modifica ni una coma, que la culpa es de los jueces.

Y sus acólitos reclamando que repita cargo en el mismo ministerio.