En pleno día de comicios, cuando todo parece tenerse claro, hay quien aún da vueltas a las promesas electorales. Especialmente quien vota por convicción y no por fanatismo de siglas. En España ha quedado demostrado que la mayoría de la población no ejerce su derecho al voto con plenas garantías de información, lo que acaba resultando en que las elecciones llenen las urnas con papeletas de una afinidad politizada, que no política.

El derecho a la información veraz está reconocido y protegido por la constitución, pero tiene gran competitividad en los medios con el derecho a la libertad informativa y la libertad de expresión. Si bien es sabido, la mayoría de medios de información reciben dinero a cambio de orientar titulares y textos en favor de unos y en contra de otros; y en contra de los populismos que se reflejan en redes, la mayoría de medios están en una misma línea editorial.

Cada vez que se condena a un medio por difundir bulos e información falsa, rápidamente relucen los gritos con la palabra <<censura>> (también recogido en el mismo capítulo de la constitución). Sin embargo, ¿hasta dónde llega la libertad de expresión que coarta el derecho a la información veraz? Se supone que para llegar a este matiz, están los jueces. Los mismos que han demostrado parcialidad en sus decisiones cuando afectan a motivos políticos, dilatando investigaciones y procesos.

En el ambiente político caldeado de los últimos años, encontramos cientos de noticias falsas que han sido desmentidas sin que se haya procedido a sancionar al medio promotor. Cientos de bulos entre los cuales surgió la famosa trama de Villarejo. El problema está en que la repercusión del bulo ha sido infinitamente mayor al descubierto del mismo. Así pues encontramos una información para nada veraz, llena de consignas e, incluso, llena de contradicciones.

Entre las muchas noticias al aire que nos han afectado, están los partidos que votaron a favor del Estado de Alarma en plena pandemia por COVID-19 donde pedían medidas duras. En cambio, tiempo después denunciaron el Estado de Alarma. También aquellos que han demandado la mejora de servicios sanitarios mientras donde gobiernan los han recortado o privatizado. Y también, en la misma línea, se ha observado la creciente publicidad de la sanidad privada fomentando a la gente a contratar seguros cuando se habla de sanidad pública en los plenos políticos.

Con todo un batiburrillo de noticias y premisas al aire, llegan las elecciones y, días después con la victoria en las manos, se evaporan las promesas. Desde los numerosos ayuntamientos donde se han aumentado los salarios y ahora hay más concejales con un jugoso sueldo, hasta aquellos políticos que en su anterior cargo autonómico prometían centros de salud que nunca llegaron y ahora prometen residencias de ancianos municipales, como es el caso de Segovia. Y con todo, hacen campaña para las elecciones generales. ¿Con qué fin?

Si un político no cumple, no puede ser muy fiable cuando hace campaña. Así que, de toda esa merienda tan grande que nos prometen para mejorar la sanidad pública, asumimos las migajas. Los últimos datos relatan que aún se subcontratan camas privadas para solventar el colapso de la pública. Y por supuesto nadie espera un castigo electoral. El ejemplo más claro ha sido la Comunidad Valenciana, que recuperó la sanidad subcontratada haciéndola pública de nuevo. Sin embargo, el propio sindicato médico hizo una burda campaña electoral en favor de los nuevos gobernantes, los mismos que privatizaban servicios en su día.

Tenemos también el ejemplo de Madrid donde la sanidad privada ha aprovechado su oportunidad de crecer, mientras la pública decrece en cantidad y calidad. Entre otras cuestiones, el Hospital La Paz lleva ya 15 años esperando su reforma integral, se abandonó el edificio del antiguo Puerta de Hierro y el 'Hospital' Isabel Zendal, después de un coste escatológico, no se ha utilizado ni siquiera en un tercio de su capacidad, fruto de su mayor parecido con un polideportivo que con un hospital. Sin embargo, los ingenieros de las concesiones fuera de concurso siguen en su puesto de trabajo.

Y si de aquí se esgrime una contra a la sanidad privada, solo queda decir que a buen entendedor pocas palabras bastan. Como he citado en más ocasiones, no me opongo al servicio privado sino que creo firmemente la necesidad de que exista, tal y como también reflejan las leyes. Que si alguien quiere, puede y necesita acudir, tenga su oportunidad. Eso sí, cumpliendo a su vez la calidad asistencial y empleos dignos, con condiciones laborales incluso mejores que en el sistema público. Todo a la vez que se evita el ya conocido fraude de quienes trabajan en ambos sistemas y derivan pruebas e intervenciones costosas a lo público.

Las promesas electorales volvieron en Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Mientras tanto, la campaña de prensa se centra ahora en la sanidad de Ceuta y Melilla, gestionada por el propio Estado. Bien es sabido que no se cumplirán ni de lejos todas las promesas, pero, lo más importante, ¿al menos se mantendrán los servicios actuales?